Un juez federal paraliza la construcción del salón de baile de 400 millones de dólares de Trump en la Casa Blanca

Un juez federal de los Estados Unidos ha ordenado la paralización temporal de la construcción de un controvertido salón de baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca, un proyecto impulsado por el presidente Donald Trump que provocó la demolición de la histórica Ala Este. La administración ya ha presentado una apelación inmediata contra la decisión.

Aprobación del Congreso requerida

El martes, el juez federal Richard J. Leon emitió un fallo exhaustivo de 35 páginas tras meses de intensas batallas legales. El juez determinó que el presidente Trump probablemente excedió su autoridad ejecutiva al iniciar alteraciones tan monumentales en un edificio gubernamental clave sin el consentimiento expreso del Congreso.

El juez Leon también expresó duras críticas respecto a la falta de transparencia del proyecto, cuestionando específicamente quién supervisa la construcción y la base legal para aceptar contribuciones privadas para financiar la obra.

"Si el Congreso no aprueba este proyecto otorgando el consentimiento adecuado, y hasta que lo haga, la construcción debe detenerse", declaró el juez Leon en su fallo. "Pero la buena noticia es que no es demasiado tarde para que el Congreso apruebe la construcción en curso".

Apelaciones y costos crecientes

El tribunal concedió un aplazamiento de dos semanas antes de que la orden judicial entre en pleno vigor, proporcionando a la administración Trump un margen para apelar, medida que tomaron sin demora.

El proyecto del salón de baile ha sido objeto de un importante escrutinio público y legal. Inicialmente, el presidente Trump aseguró al público que la nueva adición "no interferiría con el edificio actual". Sin embargo, el proyecto finalmente requirió la demolición completa del Ala Este de la Casa Blanca. Además, el costo estimado se ha duplicado, pasando de los 200 millones de dólares iniciales a los 400 millones actuales.

El desafío legal que condujo al fallo del martes fue iniciado a fines de 2025 cuando el Fondo Nacional para la Preservación Histórica presentó una demanda buscando bloquear los drásticos cambios arquitectónicos en la residencia presidencial.