
La actual formación del Consejo de Veteranos de Guerra por la Independencia de Ucrania se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor. Taras Tarasenko, diputado de la facción "Servidor del Pueblo", ha cuestionado públicamente la integridad del proceso electoral, advirtiendo que las barreras administrativas amenazan con socavar la confianza en el recién creado órgano asesor.
La creación del Consejo, impulsada por el Ministerio de Asuntos de los Veteranos mediante la Orden nº 90, pretende configurar la política estatal para los veteranos, sus familias y los familiares de los soldados caídos o desaparecidos. Sin embargo, Tarasenko señala una importante contradicción: aunque el mandato del Ministerio abarca un amplio espectro de personas afectadas por la guerra, la normativa actual excluye de facto a las familias de los veteranos de la posibilidad de formar parte del Consejo.
Según las nuevas normas, sólo las "asociaciones públicas de veteranos de guerra" —definidas como organizaciones sin ánimo de lucro en las que más de la mitad de los miembros son veteranos— están autorizadas a presentar candidatos. El diputado señala que esta definición específica carece de base en la legislación ucraniana, lo que pone en duda la legalidad de la iniciativa.
Otro punto importante de discordia es la accesibilidad física del proceso electoral. Aunque los reglamentos permiten teóricamente la presentación de documentos a distancia y el voto electrónico, una laguna legal que establece que esto sólo es aplicable "si es técnicamente posible" ha dado a las administraciones regionales margen para denegar la participación a distancia.
Tarasenko destaca el caso de Andriy Ovsiychuk, un veterano discapacitado de la región de Rivne, a quien se le denegó la opción de presentar sus documentos a distancia. Las autoridades locales alegaron que el mecanismo "no estaba previsto normativamente", contradiciendo directamente las propias disposiciones del Consejo. Estas trabas administrativas privan de sus derechos a los soldados heridos, a las personas en rehabilitación y al personal militar en activo.
El proceso electoral también ha provocado conflictos abiertos entre la comunidad de veteranos y las autoridades locales, sobre todo en la región de Járkov. Los candidatos han denunciado haber sido excluidos de las elecciones sin criterios claros ni documentación formal. En algunos casos, los rechazos se comunicaron mediante llamadas telefónicas en las que se aludía a vagas "decisiones colectivas", práctica que Tarasenko condena como violación del procedimiento administrativo.
El diputado subraya que las administraciones regionales sólo poseen autoridad técnica para verificar documentos, no poder discrecional para aceptar o rechazar candidatos arbitrariamente. La concentración del control organizativo en el poder ejecutivo plantea riesgos de manipulación administrativa.
Tarasenko concluye que el actual modelo electoral requiere ajustes inmediatos. Exige:
Sin estos cambios, Ucrania corre el riesgo de crear un órgano formal pero no representativo, profundizando la desconexión entre el Estado y la comunidad de veteranos.
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