Indignación global tras la aprobación de una controvertida ley de pena de muerte en Israel

Ha estallado una ola de condena internacional tras la ajustada aprobación por parte de la Knéset israelí de una ley sumamente controvertida que amplía el uso de la pena de muerte. Aprobada el 30 de marzo con una mayoría de 62 votos a favor sobre 120, la legislación se dirige específicamente a los palestinos condenados por tribunales militares israelíes por ataques mortales, lo que ha desatado acusaciones de discriminación y grave retroceso democrático.

Mecanismos de la nueva legislación

Impulsado por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, el nuevo marco legal se aplica casi exclusivamente a los palestinos, eximiendo en la práctica a los ciudadanos israelíes. Las disposiciones clave de la ley incluyen:

• Ejecución obligatoria en la horca en un plazo de 90 días tras el veredicto definitivo.
• La eliminación absoluta de cualquier derecho a indulto o clemencia.

El ministro Ben-Gvir celebró la aprobación en la plataforma de redes sociales X, calificándola como la "ley más importante de las últimas décadas". Defendió la legislación afirmando que está sujeta a un riguroso proceso judicial que exige altos estándares probatorios, una representación legal exhaustiva y el derecho a apelar ante los tribunales superiores.

Sin embargo, la oposición interna ha sido feroz. Las organizaciones de derechos humanos y los opositores políticos ya se preparan para impugnar la legislación ante el Tribunal Supremo. El legislador demócrata de la Knéset, el rabino Gilad Kariv, anunció en Facebook que los opositores lucharán en los tribunales contra esta "ley inmoral que contradice por completo nuestros valores judíos y democráticos".

Reacciones internacionales y amenazas de sanciones

La respuesta mundial ha sido rápida y profundamente crítica; la Unión Europea, el Consejo de Europa y Australia han calificado la medida de "discriminatoria" y de "retroceso civilizatorio". El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, emitió una de las críticas más duras, tildando la ley de "un paso más hacia el apartheid en Israel" e instando a la comunidad internacional a no guardar silencio.

Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, condenó la decisión como un "grave retroceso" que corre el riesgo de distanciar a Israel de los valores históricos que tradicionalmente ha defendido. Israel mantiene el estatus de observador en la Asamblea Parlamentaria del Consejo desde 1957. La presidenta de la Asamblea, Petra Bayr, advirtió en X de que este estatus está ahora "seriamente en peligro", con debates formales programados para finales de abril.

Mientras tanto, Bruselas sopesa sus opciones diplomáticas y económicas. Un portavoz de la Comisión de la UE reiteró un paquete propuesto anteriormente por la presidenta Ursula von der Leyen en septiembre, que incluye posibles sanciones contra ministros "extremistas" y la suspensión de los aspectos comerciales del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Aunque tales sanciones requieren el consentimiento unánime de todos los Estados miembros —un obstáculo que ha bloqueado esfuerzos anteriores—, la oposición universal europea a la pena capital podría cambiar la dinámica de cara a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE dentro de tres semanas.

Ruptura con el precedente histórico

Este cambio legislativo marca un drástico alejamiento de las normas jurídicas históricas de Israel. Aunque la legislación israelí ha permitido técnicamente la pena capital para crímenes contra la humanidad, crímenes contra el pueblo judío y circunstancias específicas de la ley marcial, fue abolida para delitos comunes en tiempos de paz en 1954. Antes de esta nueva ley, la pena de muerte sólo se había aplicado una vez en la historia del país: la ejecución en 1962 del arquitecto del Holocausto Adolf Eichmann.