Los votantes italianos rechazan la reforma judicial de Meloni en un referéndum constitucional

El 23 de marzo, los pasillos de un tribunal de Nápoles resonaron con el himno de la resistencia antifascista "Bella Ciao". Aproximadamente 50 magistrados se reunieron para seguir el recuento de los votos de un referéndum constitucional muy esperado, y estallaron en cánticos cuando quedó claro que la reforma judicial propuesta por la primera ministra Giorgia Meloni había sido derrotada.

Con una sólida participación electoral de aproximadamente el 60%, el electorado italiano emitió un veredicto decisivo: el 54% votó en contra de la reforma, mientras que el 46% la apoyó. Este resultado sirve como una importante prueba de estrés para el poder ejecutivo de Meloni, dejándola políticamente vulnerable, en particular frente a los socios de la coalición que favorecen la reanudación del diálogo con Rusia, un cambio que podría tener profundas implicaciones para el apoyo de Occidente a Ucrania.

Un sistema plagado de retrasos

La reforma rechazada nació de una crisis genuina. Según el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE de la Comisión Europea, Italia ocupa el último lugar del bloque en eficiencia judicial. El sistema sufre de una escasez crónica de jueces, un exceso de abogados, costos legales exorbitantes y procesos de apelación notoriamente largos.

En promedio, concluir un caso legal en Italia toma alrededor de 350 días, superando solo a Malta (400 días), Chipre (603 días) y Grecia (630 días). Además, llegar a una decisión judicial de primera instancia toma aproximadamente 500 días, lo que sitúa a Italia cerca del fondo absoluto de la clasificación junto con Grecia y Croacia. A pesar de estas sombrías estadísticas, el sistema había mostrado recientemente una ligera mejora, reduciendo 20 días el tiempo promedio de procesamiento de casos.

La propuesta radical del gobierno

Decidido a promulgar cambios radicales, el gobierno de Meloni impulsó una reforma constitucional a través del Senado italiano el 30 de octubre de 2025. La legislación tenía como objetivo reestructurar fundamentalmente el poder judicial separando por completo las trayectorias profesionales de jueces y fiscales. Según el sistema actual, ambas funciones se rigen por las mismas normas de formación y progresión profesional.

La revisión propuesta incluyó varios cambios clave:

• Establecer exámenes de ingreso separados y trayectorias profesionales autónomas para jueces y fiscales, sin posibilidad de transferencia entre las dos funciones.
• Creación de dos Consejos Superiores distintos (uno para jueces y otro para fiscales) para reemplazar al órgano unificado de autogobierno.
• Sustituir el sistema tradicional de elecciones para los órganos de autogobierno por un sistema de sorteo para disminuir la influencia de las facciones profesionales.
• Establecimiento de un nuevo Tribunal Superior Disciplinario.

Reacción judicial y consecuencias políticas

Mientras que la primera ministra Meloni defendió la aprobación del Senado como un hito histórico hacia un sistema de justicia eficiente y orientado al ciudadano, el poder judicial discrepó vehementemente. Los cambios propuestos provocaron una indignación generalizada entre los profesionales del derecho, que culminó en una huelga de magistrados a principios de 2026.

Los opositores argumentaron que separar la oficina del fiscal era un movimiento politizado. Temían que los fiscales se alinearan demasiado con la fuerza policial, comprometiendo la imparcialidad de los procedimientos legales. Además, los críticos advirtieron que el nuevo consejo de fiscales podría caer bajo el control estricto del poder ejecutivo.

Esta desconfianza se vio agravada por la tensa relación del gobierno con los tribunales. La administración de Meloni se ha enfrentado frecuentemente con el poder judicial sobre políticas de migración y grandes proyectos de infraestructura, y varios ministros en ejercicio se enfrentan actualmente a investigaciones.

Debido a que la legislación fue aprobada por el parlamento en octubre pasado con solo una mayoría simple en lugar de una constitucional, desencadenó automáticamente el referéndum público obligatorio. En última instancia, el público italiano se puso del lado de los magistrados, deteniendo la reforma y asestando un importante golpe político a la Primera Ministra.