Putin firma ley que priva de derechos civiles a rusos en el extranjero que critican la guerra

El presidente ruso Vladimir Putin ha promulgado una amplia ley que permite a las autoridades congelar cuentas bancarias, confiscar bienes, denegar la renovación de pasaportes y cortar los servicios consulares a ciudadanos rusos en el extranjero acusados de "desacreditar a las fuerzas armadas", ser catalogados como "agentes extranjeros" o cooperar con "organizaciones indeseables". La ley, aprobada por unanimidad en la Duma del Estado, ha sido condenada por organizaciones de derechos humanos como un instrumento de represión política destinado a silenciar a los disidentes en el exilio. Los críticos la han denominado "ley de muerte civil", advirtiendo de que crea un mecanismo para dejar a los opositores sin derechos legales y financieros sin necesidad de una condena penal. Entre los afectados figuran periodistas, activistas y políticos de la oposición que huyeron de Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022. Con la nueva legislación, las personas meramente acusadas — no condenadas — de los delitos enumerados pueden perder el acceso al sistema bancario ruso, ver denegados sus documentos de viaje y ser privadas de la asistencia de la embajada. El líder opositor ruso Ilya Yashin, actualmente en el exilio, describió la ley como "un instrumento de terror contra todos los que se atrevan a decir la verdad sobre la guerra". El Kremlin no ha hecho comentarios públicos sobre la reacción internacional. La medida forma parte de una campaña legislativa más amplia desde 2022 que ha ampliado sistemáticamente la definición de enemigos del Estado y las sanciones por disidencia política, tanto dentro de Rusia como para los ciudadanos que viven en el extranjero.