Alrededor de 60.000 migrantes cruzaron desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta en cuestión de días, lo que desencadenó una grave crisis política y humanitaria en la frontera meridional de Europa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpó a las redes organizadas de tráfico de personas de orquestar el cruce masivo, calificándolo de ataque a la integridad territorial de España.
Las autoridades españolas desplegaron personal adicional de seguridad fronteriza en Ceuta y comenzaron a procesar las llegadas. Funcionarios señalaron que la mayoría de los migrantes habían regresado a Marruecos para la tarde del viernes, pero la magnitud del cruce —uno de los mayores registrados en la frontera exterior de la UE— causó consternación en las capitales europeas.
Italia respondió a la crisis anunciando que suspendía su acuerdo de Schengen sobre libre circulación con España, una medida que subraya las crecientes tensiones dentro de la UE en torno a la gestión migratoria.
La crisis de Ceuta ha reavivado el debate en toda la UE sobre la adecuación de los controles fronterizos exteriores del bloque y la distribución de responsabilidades entre los Estados miembros. Varios gobiernos pidieron celebrar debates de emergencia a nivel europeo, mientras que otros criticaron a España por no haber impedido cruces de tal magnitud.
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