La administración Trump impone sanciones a la Corte Penal Internacional

La administración Trump ha impuesto sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), lo que supone una importante escalada en las tensiones entre Washington y el tribunal con sede en La Haya. La medida tiene como objetivo la propia institución y forma parte de la política más amplia de resistencia estadounidense ante los organismos jurídicos internacionales percibidos como intromisiones en los asuntos americanos. Tras el anuncio, un fiscal adjunto de la CPI declaró que las sanciones no disuadirían las operaciones del tribunal y que su trabajo continuaría sin interrupciones. La funcionaria subrayó el compromiso de la CPI con la independencia y la imparcialidad en la búsqueda de justicia por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La CPI, establecida en virtud del Estatuto de Roma en 2002, se ocupa de casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando los tribunales nacionales no tienen la voluntad o la capacidad de enjuiciarlos. Estados Unidos no es miembro del tribunal. Las sanciones representan el último capítulo de una prolongada disputa entre Washington y la CPI. Los gobiernos europeos y organizaciones jurídicas internacionales condenaron las sanciones como un ataque al estado de derecho.