Trump firma una orden ejecutiva para restringir el voto por correo y desata una batalla legal

En un movimiento que ha provocado una inmediata reacción legal y política, el presidente estadounidense de 79 años, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva en el Despacho Oval con el objetivo de endurecer severamente las normas sobre el voto por correo en todo Estados Unidos. Haciéndose eco de sus antiguas afirmaciones de que las papeletas por correo facilitan el fraude electoral, la nueva directiva del líder republicano introduce una estricta supervisión federal en un proceso tradicionalmente gestionado por cada estado.

Listas federales de ciudadanía y seguimiento por código de barras

En el centro de la orden ejecutiva se encuentra la creación de "listas de ciudadanía" exhaustivas. La directiva ordena al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración del Seguro Social fusionar sus bases de datos. Esta colaboración generará listas actualizadas periódicamente de ciudadanos estadounidenses confirmados, que se enviarán a los estados para su cotejo con los padrones electorales.

Bajo las nuevas reglas, las papeletas de voto por correo solo podrán enviarse a las personas que aparezcan en estas listas aprobadas a nivel federal. La Casa Blanca aclaró que la inclusión en la lista no confiere automáticamente el registro o la elegibilidad para votar. Además, la orden impone protocolos de manejo más estrictos: todos los sobres de votación deberán contar con códigos de barras de seguimiento únicos, y se instruye al servicio postal a entregar el material de votación exclusivamente a las personas incluidas en las listas.

En la mira: las elecciones de noviembre

La administración pretende que estas regulaciones entren en vigor a tiempo para las cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que están en juego todos los escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado. Esta iniciativa llega en un momento en que los índices de aprobación de Trump y del Partido Republicano han experimentado un fuerte declive en las últimas semanas.

Las acciones del presidente tienen su origen en sus persistentes e infundadas acusaciones de que su derrota electoral en 2020 frente a Joe Biden fue resultado de un fraude electoral generalizado, afirmaciones que han sido desmentidas en repetidas ocasiones por numerosas investigaciones y fallos judiciales.

Desafíos legales e indignación inmediata

Los expertos legales han condenado rápidamente la orden ejecutiva por inconstitucional, señalando que la Constitución de EE. UU. delega la administración de las elecciones a los estados individuales, no al gobierno federal en Washington. Los demócratas y las organizaciones de derechos civiles ya han anunciado planes para bloquear la medida en los tribunales.

Derrick Johnson, presidente de la organización de derechos civiles NAACP, declaró con firmeza: "Esta orden no se mantendrá". El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, se hizo eco de esta determinación y acudió a las redes sociales para declarar: "Nos vemos en los tribunales".

Por su parte, Adrian Fontes, Secretario de Estado demócrata de Arizona, condenó las acciones de la administración tachándolas de "antiestadounidenses". En declaraciones a la emisora de radio KTAR News, Fontes comentó: "Lo que estamos viendo es a un presidente intentando elegir a sus propios votantes".