
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, presentará el próximo miércoles una Ley de Vivienda Asequible que armonizaría las normas europeas sobre plataformas de alquiler a corto plazo como Airbnb. La iniciativa llega tras las medidas tomadas unilateralmente por París, Barcelona y Venecia contra los alquileres turísticos, y después de que la federación europea de servicios sociales Eurodiaconia alertara a mediados de agosto sobre la crisis de vivienda en el continente.
El modelo original de Airbnb era sencillo: propietarios o inquilinos alquilaban una o dos habitaciones para complementar sus ingresos y ofrecer alojamiento económico a turistas. Ese modelo se extendió rápidamente: los propietarios comenzaron a publicar la vivienda completa, ya que los alquileres turísticos a corto plazo generan mucho más dinero que los arrendamientos de larga duración. El resultado: una reducción de la oferta en destinos turísticos como Praga, Florencia y Berlín. Miami ofrece un caso extremo: un rascacielos de 643 apartamentos tiene el 85% de sus unidades en manos de inversores que las alquilan como Airbnb. La ciudad ordenó a finales de agosto el cese inmediato de las rentas vacacionales ilegales.
El borrador de la UE establece cuándo un mercado de vivienda tensionado justifica restricciones, usando la relación entre precios de la vivienda e ingresos locales. Las medidas posibles incluyen límites de alquiler y protecciones para inquilinos. El lobby industrial CCIA, que representa a Airbnb, advirtió que una ley desproporcionada perjudicaría a propietarios y regiones turísticas. La norma deberá ser aprobada por los estados miembros y el Parlamento Europeo.
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