El sorpresivo anuncio del regreso de Harry y Meghan al Reino Unido reabrió de inmediato el debate sobre si la pareja debe recibir protección policial financiada con fondos públicos. Cuando los duques de Sussex renunciaron a sus deberes reales en 2020, perdieron el derecho automático a la protección policial. Ahora se requerirá una nueva decisión sobre el nivel de seguridad a expensas del erario público.
Los críticos argumentan que la decisión de la pareja de abandonar la vida real elimina el fundamento para una seguridad financiada por contribuyentes. Los defensores sostienen que la pareja enfrenta riesgos reales relacionados con su antiguo estatus real. El gobierno no ha comentado todavía qué medidas de seguridad se implementarán.
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