El nuevo gobierno húngaro liderado por el primer ministro Peter Magyar y su partido Tisza ha puesto en marcha una agencia especializada en recuperación de activos, encargada de reclamar propiedades y fondos presuntamente desviados hacia leales a Orbán, oligarcas y familiares durante su largo mandato.
Durante la campaña electoral, Magyar citó una cifra de aproximadamente 60.000 millones de euros en riqueza ilegalmente transferida. Estimaciones más recientes sugieren que la cifra real podría ser hasta tres veces mayor. La agencia es una respuesta directa a la indignación popular ante el ostentoso lujo del entorno de Orbán mientras los húngaros comunes sufrían pobreza.
Los analistas advierten que el éxito o el fracaso de la agencia será decisivo para el futuro político de Magyar. El gobierno enfrenta un déficit presupuestario del 7,5% del PIB y redes de patronazgo arraigadas de la era Fidesz.
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