
El Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley que introducirá restricciones drásticas al contacto con instituciones, medios y organizaciones extranjeras, según expertos jurídicos iraníes citados por Deutsche Welle. El texto, de 19 artículos, aún avanza en el proceso legislativo y sus impulsores lo presentan como un marco frente a la "influencia extranjera de largo alcance".
Los partidarios sostienen que el espionaje ya es delito, pero que falta un marco claro para castigar formas más amplias de "influencia". Sus críticos responden que la frontera entre el contacto legítimo y el criminal queda peligrosamente indefinida y será fijada, en la práctica, por los servicios de seguridad y los tribunales.
El abogado iraní Sina Yousefi, radicado en Alemania, declaró a DW que la norma crearía "un ambiente de miedo e incertidumbre" porque un ciudadano no podría saber si una entrevista con un medio extranjero o una investigación conjunta podrían recalificarse después como delito.
Moein Khazaeli, jurista en Suecia, afirmó que la ley se convertiría en "otro instrumento para reprimir a opositores y defensores de derechos humanos", y estimó que "el 99 por ciento de los actos tipificados como delitos en este borrador no lo son".
Parviz Yari, periodista de la organización DeFFI (Defensa del Libre Flujo de Información), advirtió que la ley dificultará el acceso de medios independientes y organizaciones internacionales a información desde Irán y ampliará el alcance del aparato propagandístico estatal.
Las autoridades iraníes ya bloquean plataformas, procesan y prohíben viajar a voces críticas; el borrador eleva ahora el coste personal de cualquier vínculo profesional o académico transfronterizo.
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